Javier Castrilli no se rinde. El exjefe de la comisión de árbitros recurrirá a la resolución del Juzgado 1 de Letras del Trabajo de Santiago que obligó a la ANFP a desembolsar $ 147.802.885, con ocasión del despido en una vulneración de su derecho constitucional.
El monto total se desglosa en $ 122.136.685 por concepto de indemnización contemplada, correspondiente a 11 remuneraciones; $ 25.000.000, por daño a la moral y $ 666.200, a causa de que se acogió parcialmente el cobro de prestaciones.
Castrilli siempre dejó en claro que su intención es limpiar su nombre. “Quiero justicia. Confío en eso. Hay derechos fundamentales consagrados en la constitución nacional que fueron violentados”, acusaba Javier Castrilli en entrevista con El Deportivo el 21 de mayo del año pasado. El paso del argentino por el arbitraje nacional será recordado para siempre. No solo por decisiones que causaron polémicas, como el despido de jueces que terminó en una movilización, sino que también por la demanda del Sheriff a la ANFP a causa de su desvinculación.
Lo cierto que una vez conocido el veredicto, ambas partes tenían 10 días hábiles para evaluar la opción de recurrir a la justicia. De entrada, el abogado Pablo Herrera, en conversación con El Deportivo, reconocía su conformidad por parte de la defensa de Javier Castrilli, pese a que solo recibió el pago de casi el 10% del monto exigido, que llegaba casi a los mil millones de pesos..“Estamos bastante tranquilos. Es una buena señal que el tribunal haya recogido dos cosas importantes que dijimos: el despido fue vulnerador de derechos y que se había ocasionado un daño moral”, señalaba el profesional.
Hoy, a horas de que cierre el plazo para recurrir a la resolución, Javier Castrilli presentará nuevos descargos. Si bien el exárbitro FIFA valora que se reconociera que se le violaron derechos constitucionales, el transandino ahora se apegará a la Ley Bustos. ¿En qué consiste la Ley Bustos? La Ley Nº 19.631, o más conocida como conocida “Ley Bustos” difundida en el Diario Oficial el 28 de septiembre de 1999, fuerza al empleador que vaya a despedir a un trabajador, a pagar todas las cuotas mensuales en las instituciones de seguridad social que se encuentren pendientes de pago al momento del despido. Según Castrilli, varias de estas cuotas siguen impagas.
En la defensa de Castrilli esperan que el nuevo recurso sea acogido. Más cuando la jueza fue tajante en la medida adoptada contra la ANFP: le aplicó el máximo castigo acorde a lo que establece la ley laboral. En el ítem daño moral, sin embargo, no recibieron lo esperado.
“Se dijo en prensa que solo se pagó $ 25 millones y el resto era finiquito. Eso no es así. A él cuando lo despidieron le pagaron todo su finiquito hasta diciembre de 2022. Las once remuneraciones que recibió ahora, que son más de $ 120 millones, corresponde a indemnizaciones por derecho vulnerador. Esas once remuneraciones son el máximo que aplica la ley cuando el empleador vulnera los derechos fundamentales, cuando hay un despido lesivo. A él se le violaron tres derechos: de integridad física, derecho a la honra y libertad de trabajo”, decía Herrera.
Cabe recordar que la ANFP también deberá cumplir con otras obligaciones. No solo será el pago de la multa, en un principio. “El tribunal obligó a la ANFP a poner en todas sus oficinas del territorio nacional, ya sea en su diario mural o en algo que vea el público, un afiche en el que invite a respetar los derechos fundamentales de las personas. Eso es distinto al dinero, pero está obligada la ANFP”, revelaba Herrera.
En la ANFP, en tanto, también recurrirán a la sentencia. Buscan dejar sin efecto el pago que ordenó el tribunal laboral reiterando que cumplieron al pie de la letra lo exigido por la ley al momento de desvincular a un funcionario.
Fuente: El Deportivo
